Con cara de circunstancias y reconociendo su “indignación”, comparecieron ayer el alcalde, Toni Francés, y la edil de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, para anunciar que los juzgados no se trasladarán al edificio de la Verge Maria que fue rehabilitado con la intención de convertirse en el futuro palacio de justicia alcoyano. Y no habrá mudanza porque la conselleria de Justicia les ha dicho que, para poder efectuar el cambio entre edificios, el consistorio debe pagar 362.000 euros, que es la diferencia de precio que la administración autonómica entiende que existe entre el edificio de la Verge Maria, de propiedad municipal, y el de Al-Azraq, en manos de la Generalitat y en el que se ubican en la actualidad los juzgados. “Es una ofensa a la inteligencia de los alcoyanos que nos digan que el edificio viejo vale más que el nuevo”, reconoció Zamorano. De ahí que el primer edil haya sido contundente al afirmar que, aunque no se cierra la puerta, “en estos momentos y con estas condiciones” el traslado se descarta. De hecho, Francés ha avanzado que el mes de agosto se aprovechará para estudiar nuevos usos para el edificio de Verge Maria, siempre de carácter municipal.

Para llegar a esta decisión, hay que remontarse un año, cuando el nuevo gobierno se planteó “como tema prioritario”, resalta Francés, resolver un problema “heredado” de los populares. Y es que el gobierno anterior impulsó la rehabilitación del histórico edificio de Verge Maria invirtiendo en la reforma hasta 3’5 millones de euros sin ningún acuerdo en el que se fijara el modo de recuperar esa inversión, que, según resaltaba el alcalde, le correspondía haber efectuado a la administración autonómica.

Pero a una primera reunión que mantuvieron el alcalde y el vicealcalde, Rafa Carbonell, con el conseller de Justicia, Jorge Cabré, “le han seguido largas” y contestaciones “siempre a requerimientos del Ayuntamiento”. La última de ellas, de hecho, se ha producido tras recordarle el consistorio que se estaba pendiente de la tasación a cargo de los técnicos autonómicos de ambos edificios y de la fórmula jurídica por la que la Generalitat optaba, al existir la posibilidad de que el edificio de Al-Azraq pudiera pasar a manos municipales una vez la administración autonómica lo abandonara.

Y la contestación ha “ofendido” a los responsables municipales: en un escrito de apenas dos hojas, firmado “por no sabemos quién”, y sin ninguna argumentación, la conselleria pide al Ayuntamiento que abone 362.000 euros para iniciar el expediente de la permuta, la cantidad que, a su juicio, vale más el edificio de Al-Azraq. Esta cifra, explicaron los responsables municipales durante su comparecencia, contrasta con la tasación que efectuaron en enero de 2011 los técnicos municipales, que fijaron el valor del actual palacio de justicia en 1.605.500 euros. “Es como si estuvieran diciendo que ese edificio vale en realidad cuatro millones de euros, teniendo en cuenta que el de Verge Maria ha costado 3’5. Hay demasiada diferencia. Hasta ahora hemos sido prudentes y responsables pero esta respuesta es una burla”, sentenciaba Francés.

De cualquier modo, el Ayuntamiento ha anunciado que remitirá un nuevo escrito pidiendo que se detalle, y se justifique, la tasación, “aunque con estas condiciones” –insistía el alcalde– “el traslado se descarta. No podemos perder más tiempo porque el edificio se va deteriorando”. Francés apuntaba, asimismo, que desconocía las razones por las que la conselleria de Justicia tomaba esa postura, entre las que hablaba de la posibilidad de una “voluntad real” de no llevar a cabo el traslado, pero también de la intención de sacar rédito en una negociación en la que, insistía el alcalde, “la Generalitat sabe que nosotros no tenemos ninguna garantía de recuperar la inversión”.