La empresa que acometió las obras de la remodelación de la plaza la Constitución y la construcción en el subsuelo de un parking deberá pagar al Ayuntamiento de Alcoy una indemnización de 275.000 euros, que es la mitad del coste de la obra que deberá acometerse por orden del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Una sentencia del citado órgano judicial declaró ilegal la construcción y obliga a que el 50% de la superficie de la popularmente conocida como plaza de La Rosaleda pueda ser ajardinada y cuente con una capa de 80 centímetros de tierra.

Según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha desestimado la suspensión solicitada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) sobre el acuerdo municipal en el que se se le reclama un indemnización, por daños y perjuicios, ocasionados por la redacción y ejecución del proyecto de reforma de La Rosaleda.

El gobierno municipal aprobó en sesión plenaria el pasado mes de enero reclamar una indemnización a la UTE que forman Ortiz e Hijos y Auplasa, una decisión que fue recurrida por la empresa y que ha sido desestimada, primero por la vía administrativa y ahora por la judicial. La firma pretendía la suspensión del pago hasta que hubiese una resolución judicial definitiva.

La resolución supone que la UTE tendrá que ingresar la indemnización de 275.000 euros antes de que acabe el presente mes de agosto. De no ser así, el Ayuntamiento iniciará la vía de apremio que implicaría recargos y penalizaciones.

La remodelación de La Rosaleda está pendiente desde 2005 cuando se produjo el fallo el TSJ. Meses atrás se realizaron las pruebas de carga para comprobar si la estructura soportaría la intervención.