Promete el inicio de año. Ya que el fin del mundo ha pasado de largo por nuestra puerta. Vuelve la normalidad y la lucha de nuestra civilización por acabar con el sentido común. De lo contrario, no me explicaría como la sociedad no reacciona ante movimientos como el de la aseguradora estadounidense American Internacional Group (AIG). El monstruo de las finanzas fue rescatado en 2008 a causa de la crisis “subprime” con un préstamo público por valor de 185.000 millones de dólares. Una vez en bancarrota Lehman Brothers, el gobierno americano decidió salvar de la ruina a la aseguradora para evitar un “colosal terremoto financiero”. Pues ahora que parece que las aguas vuelven a su cauce natural, la empresa aseguradora, se ha planteado demandar al gobierno norteamericano alegando que la intervención por parte del estado privó a los accionistas privados de la compañía de ganar miles de millones de dólares. Dicha demanda surrealista donde las haya y que parece sacada de las reflexiones de Kafka, pretendía obtener 25.000 millones de dólares por los supuestos daños causados a los accionistas que, al ver como el gobierno adquiría el 80% del valor empresarial, no pudieron rentabilizar a su gusto las inversiones que realizaron en la compañía. Esto es como si en Sada (A Coruña), en donde una familia “sin recursos” que recibió de una manera altruista la paga extra de navidad por parte de los concejales del Ayuntamiento, y que gastaron dicha donación en un supermercado comprando toda clase de marisco, percebes gallegos, y jamón ibérico, denunciaran a los concejales después de que estos les hayan reprochado el uso y abuso en una iniciativa solidaria.

Pues a lo mejor, la familia gallega, decide una vez que se le ha obligado a devolver el dinero, denunciar al consistorio de su ciudad alegando el derecho a celebrar unas navidades suculentas como el resto de los mortales.

La diferencia está en que será difícil que los concejales gallegos donen de nuevo sus 14.000 euros de las pagas sin las garantías necesarias y sin tener la seguridad de que ese dinero recaiga realmente en el fondo social de ayudas necesitadas que ha creado el Ayuntamiento para evitar casos como el de esta familia. Sin embargo, en el caso de la aseguradora AIG, no sería de extrañar, que finalmente, la caja pública abone una indemnización multimillonaria y que más adelante, cuando repitamos nuevamente los mismos errores, vuelvan a pedirnos ayuda pública a una sociedad arrodillada al control de las bestias financieras. Vuelve sentido común; vuelve y rápido. Si es necesario pagaremos el rescate.